La Cámara Argentina de Comercio y Servicios le pide al BCRA una actualización de los créditos laborales.
La organización patronal argentina pide un cambio en la tasa de interereses en la actualización de los créditos laborales teniendo como eje la aplicación de un criterio justo que otorgue un equilibrio entre la correcta reparación de los derechos laborales del trabajador y, al mismo tiempo, mantenga la prohibición de indexación que emana de las leyes 23.928 y 25.561.
«Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de hacerle llegar nuestra preocupación en relación al criterio de actualización de los créditos laborales para los juicios en curso y sin sentencia definitiva que tramitan ante la Justicia Nacional del Trabajo», exclamaba la solicitud.
El resto de la solicitud:
«Es de destacar que, en la actualidad, y a raíz de lo normado a partir de agosto del año 2015 por el nuevo Código Civil y Comercial, el art.768 (Ley 26.994) establece que la tasa para calcular los intereses que el moroso adeude
se determinarán: “a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.
El pedido también es porque se genera una dispersión de criterios según la Provincia o fuero y así provocan un marco de imprevisión en el arco empleador para la previsión contable de los litigios laborales en proceso. El resto de la solicitud especifica:
«En efecto, bajo el nuevo Acta Nro. 2764 CNAT podría estimarse que resulta más conveniente para las empresas ser demandadas en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando de ese modo una desigualdad en variados aspectos, pero específicamente un marco de inseguridad jurídica con múltiples efectos negativos en el mundo del trabajo y los negocios.
Desde la CAC entendemos que el contexto económico y social que atraviesa nuestro país hacen necesaria su intervención a los fines de otorgar un marco regulatorio seguro y confiable, sin lesionar el debido proceso legal y
garantizando la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Entidad le solicita se arbitren los medios necesarios y se dicte la reglamentación conforme lo exige el art. 768 inc. c) del Código Civil y Comercial, otorgando de esa manera mayor previsibilidad y seguridad jurídica para ambas partes al momento de litigar, sin importar en qué lugar del país se trate o el criterio del tribunal asignado.
En la certeza de que la articulación entre el sector público y privado es una herramienta necesaria para la concreción de normas que generen un incentivo para el aumento del empleo privado sostenible en el sector que
representa un 67% de mano de obra ocupada registrada, quedamos abiertos para aportar los fundamentos que sean necesarios para dar solución efectiva a la problemática referida.
Sin otro particular, saludamos al Sr. Presidente con la más alta estima.»
