Por José María Segura, economista jefe de PwC Argentina.
Finalmente, el 25 de marzo el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) con la Argentina, que le permitirá al país obtener una nueva línea de financiamiento. Con un período de repago de 10 años, y contando con cuatro años y medio de gracia, el país comenzará a pagar el nuevo crédito partir de 2026 y hasta 2034.
El acuerdo es lo que la realidad ha permitido que sea, un paliativo para ganar tiempo tratando de evitar que la economía se desmadre. Lejos está de ser uno que conforme los estándares que históricamente el organismo ha requerido a los países en este tipo de plan; sin compromisos de reformas concretas que apunten a resolver los problemas estructurales de la economía argentina.
Por su parte, el tratamiento parlamentario ha dejado en evidencia que un sector de la coalición gobernante no se siente cómodo con el convenio alcanzado. En consecuencia, parecería ser que las partes se han conformado con firmar “el acuerdo posible” en lugar de tensar posiciones sin llegar a cerrarlo.
Los desembolsos futuros están atados a revisiones trimestrales de cumplimiento de ciertas metas fiscales y monetarias y, si bien los cambios en el contexto internacional -básicamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, y su impacto en los precios de las commodities agrícolas y energéticos- han hecho que la misma directora del Fondo, Kristalina Georgieva, diga en un comunicado que el programa enfrenta riesgos “excepcionalmente altos” y no descarte la necesidad de una “recalibración temprana” del plan, esto no significa en modo alguno vía libre para seguir alimentando los desequilibrios.
El modesto objetivo parecería ser establecer un cauce para reconducir, en la medida de lo posible, los desequilibrios de las principales variables; hasta que un nuevo consenso social abra la posibilidad de llevar a cabo las reformas estructurales que la economía necesita. En este sentido, los principales objetivos serían corregir (o al menos no aumentar la distorsión en) los precios relativos de tarifas públicas y energía; la convergencia del déficit fiscal al equilibrio y la ruptura de la dominancia fiscal, disminuyendo más rápidamente la asistencia del BCRA a la tesorería; tasas de interés reales en terreno positivo para financiar el déficit y recomposición de las reservas internacionales de BCRA.
Esto no va a resolver los problemas de la economía argentina -que son más profundos y requieren fundamentalmente de una visión de cómo queremos insertarnos y cuál va a ser nuestro rol en la economía global- pero al menos permitiría ciertas bases -sin tener que partir con saldo negativo- para la implementación en un futuro de un programa económico más integral.
El camino no está exento de costos y ni el éxito de este modesto objetivo está asegurado -máxime en un contexto internacional más volátil- pero, al menos, no hemos dado un paso adelante frente al precipicio.
