Adelanto de la editorial de la edición julio de Revista RETAIL.
La pandemia del COVID-19 no solo es una constante en Argentina y el mundo, sino que todavía no parece encontrar luz al final del túnel. Sin embargo, en el mientras tanto suceden otras cosas en nuestro país, las cuales tienen que ver con la aparición de historias que creímos habían quedado en el pasado pero, evidentemente, el gobierno recurre en este tipo de errores que deja a las claras su equivocación a la hora de llevar a cabo gestiones de esta índole.
Hace unas semanas el presidente Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa que el Estado iba a intervenir a la agroexportadora Vicentín, con paso previo a enviar un proyecto de ley de declaración de utilidad público y expropiación al Congreso, lo que generó temor dentro del mundo empresarial por varias razones. Por un lado, se produce la inmediata comparación con otros acontecimientos lamentables, entre muchos: AYSA, Trenes Argentinos, los Hermanos Grecco -empresa mendocina vitivinícola que fue intervenida en 1981 y mal gestionada, al punto que los gerentes tomaban decisiones arbitrarias, y compraban y vendían vino sin tener en cuenta criterios comerciales ni enológicos-; Luis Oddone – titular del Banco Oddone SA, entidad que contó con larguísimo proceso de liquidación luego que fuera cerrado por los militares-; y Sasetru –que fue intervenida en abril de 1980 por pedido del ministro de economía de aquel entonces, Lorenzo Sigaut, y un año más tarde quebró-. Por el otro, se pone la lupa en hechos más recientes como las intervenciones a Aerolíneas Argentinas e YPF, dos compañías que no solo poseen problemas graves por su mala gestión, sino que contaron con casos donde hubo que resarcir a los accionistas pese a que se había afirmado que todo estaba en regla.
Según sostuvo Fernández, el objetivo de la intervención de Vincentín es “rescatar a la empresa”, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, para que “cumpla con el rol de compañía testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos”, aunque se cae de maduro el verdadero objetivo y la auténtica autora intelectual de esta iniciativa (déjà vu). De esta manera, se busca disfrazar con palabras salvavidas un accionar que implica un acto inconstitucional.
En simultáneo, desde Vicentín alzaron la voz y a través de un comunicado mencionaron que siempre se mostraron abiertos a la participación de empresas locales. “Entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociaciones con compañías nacionales. Dentro de ellas estuvo contemplada YPF Agro. Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos y también su muy importante vinculación con nuestro Agro, por lo cual en ningún momento descartamos que pueda ser un actor importante en el futuro de nuestra empresa”, contaron y añadieron, haciendo alusión a su compromiso de cumplir con las reglamentaciones y su disconformidad ante la iniciativa propuesta por el Estado: “Reivindicamos la legalidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de orden familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”.
Más allá que la oposición manifestó su rechazo a la jugada oficial y alertó sobre las similitudes que hay entre este tipo de avances sobre la propiedad privada y las políticas adoptadas en Venezuela; y que además se produjeran manifestaciones en contra en Santa Fe, apoyadas por el gobernador Perotti, y diversas provincias del país; el Gobierno Nacional dio luz verde a su iniciativa y –al cierre de esta edición- buscará ingresar el proyecto al Congreso si es que el juez a cargo no se puede imponer frente a este avance que rompe con leyes jurídicas y de propiedad privada.
Si bien desde el Estado sostuvieron que este accionar es solo una excepción y que no habrá otras expropiaciones, la verdad es que la política de intervención es algo que siempre estuvo en la cabeza de quienes hoy nos gobiernan, por eso la eterna pregunta: ¿Por qué eligen la confrontación a la empatía con los argentinos?
Ahora solo nos queda ser amigos del destino y aguardar la resolución que dará el Congreso. ¿Ocurrirá algo similar a lo que pasó en 2008 con la Ley 125? No lo sabemos, será el tiempo el encargado de decirnos finalmente si volveremos a repetir la historia o está volviendo a empezar. Por lo pronto, la gente no lo acepta y observa más confrontación frente a empatía por parte de quienes hoy nos gobiernan.
