Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la comercialización de productos sin certificaciones ni garantías afecta la competencia y pone en riesgo a los usuarios.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) volvió a manifestar su preocupación por el incremento del ingreso irregular de mercaderías a la Argentina, una práctica que, según advirtió la entidad, genera impactos negativos tanto en el sector empresarial como en los consumidores y en la recaudación del Estado.
Desde la entidad señalaron que esta actividad ilícita afecta a empresas de distintos rubros, con consecuencias directas en la comercialización, la producción y el empleo local. Además, remarcaron que el Estado nacional también se ve perjudicado por la pérdida de ingresos fiscales vinculados a derechos de importación, impuestos internos e IVA, entre otros tributos. «El sector empresarial viene sintiendo el impacto de esta actividad ilegal no solo en la comercialización, sino también en la producción y el empleo», indicaron desde la CAC.
La cámara advirtió, además, que una parte significativa de los productos que ingresan al país de manera irregular no cumple con las normativas vigentes. En ese sentido, mencionaron artículos como celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks que no cuentan con certificaciones eléctricas ni con las homologaciones exigidas por el ENACOM, y que tampoco ofrecen garantía oficial ni soporte técnico. «Estas situaciones infringen las normativas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, y ponen en riesgo a los usuarios finales», subrayaron.
Frente a este escenario, la CAC sostuvo la necesidad de reforzar los controles en los pasos fronterizos para mejorar la detección de los ingresos irregulares y avanzar en la identificación de los responsables, tanto en las fronteras como dentro del mercado local. Según expresaron, los vendedores ilegales «perciben ingresos extraordinarios y libres de impuestos», muchas veces aprovechando la publicidad y el posicionamiento de marcas internacionales.
Finalmente, desde la entidad remarcaron la importancia de una acción coordinada entre los distintos organismos públicos. «La labor conjunta resulta clave para implementar controles e inspecciones más eficaces sobre vendedores y revendedores, tanto físicos como online, y así garantizar el cumplimiento del marco legal y una competencia leal», concluyeron.
