Por José María Segura, economista jefe de PwC Argentina.
Sin un manifiesto convencimiento -pero también sin muchas opciones- el gobierno ha buscado alcanzar las metas establecidas en el acuerdo con el FMI.
Dichas metas apuntan fundamentalmente a reducir el déficit fiscal y acumular reservas para ganar grados de libertad en el manejo de la política monetaria (romper la dominancia fiscal) y cambiaria; y reducir así la inflación.
Los datos muestran que el objetivo de déficit fiscal se ha cumplido al tercer trimestre del año, producto de un gasto público que se ha contraído en términos reales desde julio, facilitado por una creciente pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones -de lo cual se da cuenta en el Tracking de esta edición- y en el marco de un proceso inflacionario que no cede. Paralelamente, también se ha dado una mayor recaudación por retenciones a la exportación, lo cual se explica en parte por la mejora en el tipo de cambio para los exportadores de soja -“dólar soja”- que, como ya hemos comentado, ha tenido como efecto colateral una mayor emisión monetaria; atentando así contra el objetivo de poner en caja la política monetaria y reducir la inflación.
Por otra parte, ante la escasez de divisas, se ha recurrido una vez más al “dólar soja» como sucedáneo de una devaluación o desdoblamiento cambiario que no se quiere convalidar; mientras se han ido reforzando las restricciones a las importaciones para logar cumplir con el objetivo comprometido con el FMI de incremento en las reservas.
Esto no solo volverá a generar el efecto no deseado en la política monetaria (mayor emisión), sino que finalmente empieza a impactar en la producción. En septiembre la economía cayó en comparación con agosto y se desaceleró respecto al año previo, según la publicación más reciente del dato de la actividad económica.
Es importante recordar que la economía argentina es altamente dependiente de insumos adquiridos en el exterior, en particular la industria que muestra una caída de la producción mensual en el noveno mes del año respecto al mes previo según relevamientos de la UIA. Más temprano que tarde esto empezará a repercutir en el consumo, con su consecuente afectación sobre la actividad y la recaudación fiscal.
Finalmente, en las últimas colocaciones al Tesoro le ha costado renovar los vencimientos de su deuda en pesos de corto plazo. Y si bien ya hemos visto que se ha encontrado una forma de asistencia al tesoro por parte del Banco Central -sostenimiento del precio de los bonos en el mercado secundario- que evita que se vulnere -al menos en lo formal- la meta de emisión; ello no implica que en lo sustancial la política monetaria no quede condicionada por la necesidad fiscal.
En pocas palabras, por evitar los supuestos costos que implicaría hacer explícito un programa de ordenamiento macroeconómico -de ajuste fiscal, corrección de precios relativos y política monetaria que ataque la inflación-, se llevan a cabo políticas inconexas que no entusiasman ni terminan de capitalizar los beneficios que se generarían por un cambio de expectativas; que podrían dar lugar a un círculo virtuoso que finalmente termine atemperando la magnitud del ajuste necesario.
