Impuesto a la riqueza, estatización empresaria y reforma judicial, los blancos en los tiempos que corren. Por Alfredo Martín, profesor de la UdeCa.
La pandemia no calma los proyectos instruidos por el Gobierno Nacional y es por eso que a pesar de que el COVID-19 sea el foco central de todos los días, en paralelo ocurren cosas dentro de la política y los negocios en Argentina.
Existen tres blancos a donde apunta los cañones la directiva actual del país. Uno de ellos es la idea de estatizar porciones accionarias de las empresas que reciban los subsidios a los salarios a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Esta iniciativa fue impulsada en primera instancia por la diputada oficialista Fernanda Vallejos, pero ya fue considerada como una propuesta «interesante» por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Aunque parezca extraño, esto no es una sorpresa para quienes estamos dentro del ámbito de los negocios, ya que años atrás –casualmente durante la presidencia de Cristina Kirchner- también se intentó llevar adelante una medida similar, la cual fue rechazada y catalogada como antiempresarial.
Otro de los puntos en los que se trabaja y se busca aprobación mayoritaria en el Congreso tiene que ver con la reforma judicial. Según el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el sistema judicial argentino “funciona muy mal desde hace tiempo” y por eso presentó un plan que “revolucionará” el Poder Judicial Nacional tal como se lo conoce hasta ahora.
¿En qué consiste la reforma? En un aumento de los juzgados federales en lo criminal y correccional federal, es decir, el fuero en el que se investigan causas de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico; el número de nuevos juzgados federales se incrementaría a 24, pero terminarían siendo 33 por la suma de quienes hoy son jueces del fuero penal, por ende, se verá afectado el poder de los actuales jueces de Comodoro Py; y las fiscalías federales también aumentarán. Además, la reforma judicial del PJ fusionaría los juzgados y fiscalías del fuero en lo contencioso administrativo con los del fuero civil y comercial. De todas formas, el oficialismo necesitará apoyo del Congreso para llevarlo a cabo.
Por último, nos queda el impuesto a la riqueza, el cual es impulsado principalmente por el diputado oficialista Carlos Heller y Máximo Kirchner. El proyecto impone un tributo a los bienes personales declarados a partir de los $200 millones. Arranca con una alícuota de 2% que sube de a 0,50% y en algún tramo de la escala sube en un cuarto. El máximo a pagar sería de 3,5% para quienes tienen un patrimonio superior a $3.000 millones. Se aplicaría sobre las personas según sus declaraciones juradas al 31 de diciembre del año pasado. El universo podría ser cercano a las 11.300 personas, aunque podrían pagarlo como mínimo unas 11.000 y como máximo, se estima, unas 12.000. De esta forma, el Estado tendría en su poder la posibilidad de meterse en el bolsillo de los empresarios argentinos.
Con este panorama, y dejando de lado el contexto epidemiológico que estamos atravesando a nivel mundial, hay que estar bien atentos a lo que sesionará el Congreso, ya que depende de eso que se puedan implementar este tipo de medidas que rozan lo inconstitucional y que buscan apoderarse de patrimonios privados, además de querer hacerles pagar a empresarios los errores administrativos que lleva a cabo la Nación.
