Editorial escrita por José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.
La Argentina atravesó meses de marcada volatilidad e incertidumbre, en buena medida alimentadas por el calendario electoral. Factores de índole política y económica se conjugaron para exacerbar la volatilidad. Por un lado, las tensiones por la competencia electoral con aliados posibilitaron que una serie de iniciativas legislativas pusiera en tela de juicio un elemento central de la política económica del Gobierno: el equilibrio fiscal.
Por otra parte, si bien el Gobierno corrigió durante 2024 la mayor parte de los desequilibrios macroeconómicos heredados, no ponderó adecuadamente el hecho que el problema de los pasivos remunerados del BCRA no se encontraba aun plenamente resuelto. Su traslado al Tesoro permitió romper con la dinámica endógena de emisión monetaria, pero su vencimiento a corto plazo —aún luego de su conversión de LEFIs a deuda corriente— implicaba una masa de pesos significativa que podía incrementar la presión sobre el dólar ante un aumento de la incertidumbre y caída en la demanda de dinero.
Este contexto de ruido en la política actuó como disparador para que el incremento en la incertidumbre hiciera caer la demanda de dinero y aumentara la tradicional dolarización de carteras de años electorales, a niveles que superaron exponencialmente la experiencia histórica.
La restrictiva política monetaria aumentó considerablemente las tasas de interés en términos reales, y frenó la incipiente dinámica de recuperación, en particular en aquellos sectores que venían respondiendo como consecuencia de la remonetización de la economía. En este escenario se llevaron a cabo las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, donde la derrota de los candidatos del Gobierno fue mayor a la anticipada, lo que profundizó las dudas sobre el apoyo social al rumbo económico y dinamizó aún más la volatilidad, la caída en la demanda de dinero y las presiones sobre el tipo de cambio; las cuales no cedieron aún con el apoyo recibido del Gobierno de los Estados Unidos.
Se llegó así a las elecciones del 26 de octubre, con un panorama político incierto y de gran impacto en el desempeño de la economía.
Sin embargo, los resultados de la elección fueron nuevamente no anticipados. El oficialismo no solo obtuvo mayoría a nivel nacional —que sí podía anticiparse—, sino que también revirtió el resultado en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, el voto puso de manifiesto un respaldo al conjunto de políticas desplegadas por el Gobierno, despejando la incertidumbre que venían nublando las decisiones de inversión y consumo. Ante este cambio de contexto, los mercados vienen reaccionando en consecuencia.
El riesgo país cayó de manera significativa, mientras que las acciones argentinas registraron subas sostenidas, reflejando una recomposición de expectativas y un revalúo de activos locales.
Con este cambio de clima, el sendero hacia la completa normalización financiera se vuelve más transitable. Si bien la recomposición de reservas continúa siendo necesaria para consolidar la estabilidad de largo plazo, la velocidad exigida para alcanzar el objetivo podría verse moderada. Si el entorno de expectativas permanece favorable y el riesgo país continúa comprimiendo, la posibilidad de recuperar acceso a los mercados internacionales y de refinanciar vencimientos vuelve mucho más probable y tangible. Ello por sí solo quita presión sobre el mercado cambiario, al no tener un jugador que, aun con superávit fiscal en pesos, tenga que recurrir al mercado de cambios para hacerse de los dólares para honrar sus compromisos.
Pero, por otra parte, la apertura de los mercados internacionales de deuda posibilita también un mayor acceso a la financiación internacional del sector privado, lo que habilita un ciclo virtuoso en el que retornan los capitales financieros, se materializan proyectos de inversión real y se reactiva el crédito.
Para que ese círculo virtuoso se sostenga, será crucial no solo mantener la consistencia fiscal y monetaria, sino también generar los consensos políticos para poder concretar reformas estructurales —impositiva y laboral, en particular— que reduzcan el costo argentino, simplifiquen la operatoria de las empresas y fortalezcan la competitividad genuinamente; no por devaluaciones, como ocurrió históricamente.
Sobre esa base, la Argentina puede reinsertarse en el comercio internacional a partir de las tendencias que se vislumbran en la demanda global, que combina transición energética con seguridad de suministro, algo de lo que damos cuenta en la sección del Tracking de esta edición. La demanda de minerales críticos —litio y cobre— y de vectores energéticos de bajas emisiones convive con la necesidad de fuentes confiables de gas como energía de transición.
Nuestro país cuenta con activos diferenciales: Vaca Muerta como plataforma de gas y petróleo no convencional; litio y cobre en el noroeste argentino y la cordillera; un potencial renovable excepcional —eólico en la Patagonia y solar en el noroeste—; y oportunidades emergentes en hidrógeno de bajas emisiones. Para capitalizar esta ventana, se requieren estabilidad macro, reglas previsibles, infraestructura logística y una articulación público-privada que acelere la ejecución de proyectos y la integración en cadenas de valor regionales y globales.
La caída de la incertidumbre política es una condición necesaria, pero no suficiente; abre la puerta para convertir confianza en inversión, empleo y exportaciones. Si se consolidan los pilares de la estabilización, se profundizan las reformas pro competitividad y se orienta el esfuerzo hacia sectores con ventajas comparativas dinámicas, la Argentina está en condiciones de insertarse con éxito en la nueva economía de minerales y energía. Con pragmatismo, coordinación y perseverancia, esta etapa puede ser un punto de inflexión hacia un crecimiento sostenido, inclusivo y más resiliente, capaz de aprovechar las oportunidades que el mundo abre y que el país, por recursos y talento, está listo para capturar.
