La Cámara de Autoservicios y Supermercados de Buenos Aires cuestionó la “Tasa de Protección Ambiental” propuesta por el municipio de Pilar y advirtió que la medida encarecería los costos del sector y perjudicaría a los consumidores de menor poder adquisitivo.
La Cámara de Autoservicios y Supermercados de Buenos Aires (CASBA) fijó su postura frente a la Ordenanza Tarifaria 2026 impulsada por el municipio de Pilar, que busca implementar una “Tasa de Protección Ambiental”. La entidad advirtió que la medida generaría un aumento de costos para los autoservicios y supermercados de la zona, lo que podría trasladarse a los consumidores y afectar especialmente a quienes tienen menor poder adquisitivo. Además, el sector alertó sobre el avance de tributos municipales que, según la cámara, contradicen los principios de la Constitución Nacional.
Comunicado de prensa – CASBA:
Menos informalidad, más respeto por la Constitución
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2025.
La Cámara de Autoservicios y Supermercados de Buenos Aires (CASBA), expresa su posición con respecto a la Ordenanza Tarifaria 2026 (Decreto 1661/2025), a través de la cual, la Municipalidad de Pilar procura implementar una «Tasa de Protección Ambiental».
En primer lugar, se debe destacar el impacto negativo que la misma tendría en los precios de venta al consumidor, dado que afectaría de manera directa los costos de los supermercados y autoservicios de dicha jurisdicción.
La magnitud de ese impacto económico es inconcebible, especialmente en una situación recesiva como la que estamos atravesando actualmente.
Esta medida, totalmente inconsulta con los sectores involucrados, afectaría de manera directa a las empresas que comercializan productos de consumo masivo, pero sobre todo, se constituirá en una nueva carga para los bolsillos de los consumidores, en particular de los de menor poder adquisitivo.
La imprevisibilidad que esto generaría para los sectores económicos que invierten y generan fuentes de trabajo impactaría de forma negativa en los comercios PyME representados por CASBA.
Además, dichos autoservicios y supermercados deben lidiar constantemente con la competencia desleal de organizaciones que operan en la informalidad, evadiendo impuestos sistemáticamente.
Pretender seguir aumentando ingresos de parte de quienes cumplen con todas sus obligaciones fiscales, en lugar de ampliar la base tributaria para que disminuye la evasión, es algo que a todas luces resulta inexplicable.
Si consideramos que cerca del 50% del comercio en nuestro país se desarrolla de manera informal, queda claro que lo correcto sería que sean más quienes aporten, para que la carga tributaria se encuentre mejor repartida.
Por otro lado, no estamos cuestionando la necesidad de establecer políticas de protección ambiental, pero si ese fuera el caso, proponemos la implementación de un plan transparente, consensuado y con objetivos concretos y mensurables
Sin embargo, dado que no existe una relación comprobable entre el monto de la tasa y los costos del servicio que prestaría el municipio, resulta evidente que estamos hablando de un impuesto, especialmente si se tiene en cuenta que se trataría de un porcentaje de las ventas, en lugar de un importe fijo, como corresponde a una tasa municipal.
Cabe destacar que esta práctica se está extendiendo peligrosamente entre algunos municipios del país, el caso de Pilar no es el único. Por eso, debemos poner fin inmediatamente a la anomalía que significa que los municipios generen impuestos por si mismos, algo totalmente reñido con la Constitución Nacional.
Ya es tiempo de revisar profundamente la política fiscal de nuestro país, la carga tributaria que afrontamos es una de las más elevadas del mundo y reducirla sería beneficioso -sin lugar a dudas- para toda la sociedad.
Jorge Aguirre — Presidente
Claudio Carboni — Secretario
