Columna escrita por José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina.
El plan de estabilización encarado por el actual gobierno ha buscado, desde sus primeras medidas, generar un quiebre frente al histórico desorden fiscal y su derivación en la dinámica inflacionaria crónica que caracterizaron a la economía argentina en las últimas décadas. En su fase inicial, la estrategia se apoyó fuertemente en el ajuste del frente fiscal y en una significativa contracción monetaria, con un Banco Central que no sólo dejó de emitir para financiar al Tesoro, sino que ordenó su hoja de balance. Esta combinación operó como un ancla nominal que, a pesar del shock de precios relativos generado por la unificación cambiaria, logró reconducir la dinámica inflacionaria hacia un sendero rápidamente descendente.
Como damos cuenta en el Tracking de esta edición, para lograr este objetivo el equipo económico ha ido implementando una serie de medidas de carácter pragmático, estructuradas en distintas fases y con una evolución progresiva en la elección del ancla nominal sobre la que pivotearía todo el esquema. El enfoque fue adaptándose a las condiciones particulares de la economía argentina, marcada por un elevado nivel de dolarización tras años de alta inflación y el calendario político que marca las elecciones de medio término (con un primer test en la provincia de Buenos Aires a comienzos de septiembre, antes de las elecciones nacionales de octubre).
En una primera etapa, el esquema puso énfasis en el ancla cambiaria sin descuidar la monetaria, combinando un crawling peg con la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central y restricciones al crecimiento de la Base Monetaria Ampliada (BMA). Recientemente, el programa transitó hacia un régimen centrado en agregados monetarios, complementado con un esquema de bandas cambiarias con la posibilidad de intervención —directa o indirectamente— dentro de las mismas, buscando una mayor flexibilidad ante desequilibrios internos y externos.
En esta nueva fase del plan, será fundamental que el BCRA logre calibrar adecuadamente la oferta monetaria con la demanda de dinero, de manera que la tasa de interés resultante (determinada de manera endógena) no alcance niveles tan altos que afecten negativamente el nivel de actividad, ni niveles tan bajos que provoquen un salto brusco del tipo de cambio, poniendo en riesgo el anclaje de las expectativas cambiarias que tornen ineficaz el esquema monetario.
Una tarea delicada que resulta aún más compleja en un año electoral, pero cuya complejidad máxima debería verse acotada en el tiempo, cuando se resuelva la incógnita electoral y disminuya el ruido político sobre la economía.
